Este mes de noviembre, en ocasión de las jornadas The City as a Commons, en Bologna (Italia), he tenido la ocasión, junto a Sito Veracruz, de traducir al castellano el Reglamento sobre la colaboración entre los ciudadanos y la administración para el cuidado y la regeneración de los bienes comunes urbanos (PDF) que acaba de cumplir un año de su aprobación. Este documento ha sido el fruto de la colaboración que empezó en 1997 entre Labsus – Laboratorio para la subsidiariedad y el bien común y el Ayuntamiento de Bolonia, con el ensayo “Introducción a una Administración compartida” en el que se declaraba que el gobierno regional estaba evolucionando hacia un nuevo modelo organizativo basado en la colaboración en lugar de las relaciones conflictivas entre los ciudadanos y las administraciones.

El desplazamiento hacia una forma de colaboración entre administración y ciudadanía se confirmó en 2001 con la aprobación del art. 118 de la Constitución Italiana sobre la subsidiariedad horizontal y ciudadanía activa. Dicho artículo establece expresamente que el gobierno local debe “promover las iniciativas autónomas de los ciudadanos, individualmente y en combinación, para la realización de actividades de interés general”. Este principio no había encontrado una aplicación práctica en la realidad administrativa italiana y no es de extrañar pues en Italia, como en muchos otros países, todavía sigue vigente, aunque cada vez con menor vigor, el modelo bipolar del siglo XIX según el cual el sujeto público es el único que tiene derecho a operar en nombre del interés general.

Es precisamente aquí donde radica el potencial revolucionario de esta innovación institucional, pequeña pero fundamental: los ciudadanos ya no son considerados como meros usuarios y simples receptores del Estado, sino que son finalmente reconocidos como actores clave en el tratamiento y gestión de directa de los bienes comunes. A través de ese giro se da sustancia a ese concepto abstracto que es el interés común, mediante un nuevo modelo de relación entre ciudadanos y Administración Pública que se funda en la confianza y la cooperación entre las partes.

El Reglamento sobre los Pactos de Colaboración consta de 36 artículos y regula las formas de asistencia para el cuidado y gestión de los bienes comunes urbanos, mediante la adopción de actos que se expresan como Pattidi collaborazione (Pactos de colaboración). No es casualidad que se use el término “pactos” y no “acuerdos”: de esta forma se hace hincapié una vez más sobre la base de la confianza mutua en una relación de igualdad, para luego construir una alianza que se vaya alimentando y fortaleciendo en el tiempo con la práctica de la colaboración. Si bien en el art. 118 de la Constitución se exige “alentar” la iniciativa ciudadana, el reglamento prevé expresamente desde la cesión de espacios o edificios sin uso a posibles formas de apoyo basadas en la reducción de tasas e impuestos (en la concesión de espacios) y también formas de colaboración en el diseño de las competencias.

Estos pactos de cooperación para la protección y gestión de los bienes comunes no implican solo el compromiso de una ciudadanía activa. La administración pública municipal asume una función importante pues una de sus tareas más importantes es precisamente la promoción, entre los jóvenes, de una actitud activa y responsable. Con esta herramienta los ciudadanos se hacen protagonistas de la protección, gestión y cuidado de su ciudad, gracias al apoyo y respaldo institucional para la innovación social, la promoción de la creatividad urbana y la innovación digital.

Dentro del documento se define además que la formación sea tanto para los ciudadanos activos, como para los administradores y dependientes de la administración pública que se ocuparán de los proyectos propuestos y aprobados; de esta forma, todos los involucrados en el proceso pueden trabajar horizontalmente, sin que nadie asuma el rol de “experto” y todas las partes puedan relacionarse y aprender mutuamente.

Otro aspecto importante es el relativo a la sostenibilidad de los acuerdos de cooperación. Las exenciones y los honorarios de facilitación y los impuestos locales sobre el acceso a espacios comunes, desde la provisión de material y equipos de protección para el trabajo a la ayuda de personal especializado para en el diseño, la provisión de recursos para financiar las actividades como el reembolso de los gastos efectuados en apoyo de la autofinanciación, mediante formas de reconocimiento por las acciones implementadas para instalaciones administrativas para los que colaboran.

Con este Reglamento se pretende reconstruir y fortalecer el contrato social que une a los ciudadanos dentro de una comunidad, actuando de forma conjunta en todos los niveles: desde la formación hasta las formas de apoyo a la colaboración en el desarrollo de proyectos, porque los bienes comunes y el espacio urbano no es algo que compete a los demás sino a nosotros mismos.

Enlaces de referencia

Reglamento sobre la colaboración entre los ciudadanos y la administración para el cuidado y la regeneración de los bienes comunes urbanos (PDF).

Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani (italiano, PDF)

English translation (PDF)

Fabio Silli es arquitecto italiano que desarrolla su actividad en Madrid, es miembro del colectivo de arquitectura n’UNDO y ha sido miembro y participante de los proyectos La Mesa Ciudadana y Citykitchen.

Imagen: Fotografía del proyecto con sede en Bolonia: Re-use with love.

En este capítulo introducimos un argumento tentativo según el cual el procomún y la investigación sobre él adopta una singular configuración en España. Lo hacemos a través de la discusión de un conjunto de contribuciones que forman parte de un número monográfico con el título de ‘Laboratorios del procomún’ (2013)  donde diversas autoras y autores dan cuenta de la diversidad de modalidades del procomún. Avanzamos nuestro argumento de manera sintética: el procomún es construido como un objeto epistémico, un dominio experimental que se distancia de las formulaciones convencionales que lo piensan como una forma específica de recurso o un régimen excepcional de propiedad. Esta configuración dota al procomún y a su investigación de una condición distintiva respecto a otras geografías que se evidencia en un doble desplazamiento: la emergencia de nuevos objetos que se piensan como procomún y que nada tienen que ver con los patrimonializados bienes naturales (del estado) o incluso digitales (del mercado) y su ubicación en el ámbito de la producción cultural y creativa. En lo que resta del capítulo realizamos una doble labor señalamos una serie de temáticas que atraviesan los debates sobre el procomún y las contextualizamos en la literatura existente. En la primera parte del capítulo hacemos una breve descripción de cómo el procomún ha sido delineado en la literatura académica. En la segunda introducimos el Laboratorio del Procomún de Medialab-Prado, un proyecto donde el procomún adopta la condición de objeto epistémico para la experimentación y señalamos la extendida presencia del procomún en el ámbito de la producción cultural y creativa en España. En la tercera parte situamos la emergencia del debate sobre el procomún en el entorno digital y en la cuarta señalamos la emergencia del procomún urbano como objeto de interés y argumento para la crítica al neoliberalismo desde proyectos activistas que toman al procomún como un concepto clave. Concluimos el capítulo planteando algunas preguntas abiertas e insinuando algunas posibles vías de investigación que se abren en torno a ellas.

Imagen de Enrique Flores / 4ojos.

La distinción de Suber hace visible las distintas modalidades del Acceso Abierto. Un lugar donde esta diferencia se hace explícita es en la licencia de las obras que establecen las condiciones en las cuales es posible acceder y utilizarlas. Puede parecer un asunto de detalle pero su importancia es trascendental. En los últimos años me he encontrado con un debate recurrente en ámbitos relacionados o inclinados hacia la cultura libre, un dilema cuyo planteamiento inicial es sencillo: utilizar una licencia que permita, u otra que prohíba, los usos comerciales de las obras que se difunden con licencias libres. Creadores e instituciones que publican sus obras con permiso para que puedan ser copiadas y redistribuidas libremente, imponen como límite que no se haga uso comercial de ellas. Tal problema adopta formas muy diferentes según el ámbito pues la economía política de la creación y circulación de conocimiento en la academia (muy dependiente de la financiación pública) nada tiene que ver con la del mundo cultural y el artístico; y dentro de este, cada una de las formas de expresión (música, cine, pintura, literatura…) presenta particularidades y enormes diferencias con las otras. Mi preocupación y argumento tiene entonces que ver de manera específica con el ámbito académico y con sus resultados de investigación (artículos, monografías, etc.) y obras en general (manuales de texto, contenidos pedagógicos, creaciones divulgativas, etc.). Más aún, mi argumento se circunscribe a las humanidades y a las ciencias sociales, y no porque no crea que no pudiera extenderse a otras disciplinas (ciencias naturales y biomédicas) sino porque en ese caso serían necesarios matices y argumentos añadidos; no hay espacio para ello. Mi demanda como antropólogo e investigador social es entonces: ¡comercien (gratis) con mis trabajos académicos! Tras haberlos publicado con una licencia libre, claro está, de manera que (en la práctica) no sean objeto de comercialización pero puedan circular en contextos ‘comerciales’. Pero antes de entrar en mis argumentos un poco de contexto.

La organización Creative Commons ha desarrollado desde hace años uno de los mayores esfuerzos mundiales en defensa de la cultura libre y la piedra de toque de esa iniciativa es justamente un andamiaje sofisticado de licencias. A través de esa infraestructura legal se desactivan las amplias restricciones que por defecto impone la ley de propiedad intelectual a la circulación de las creaciones culturales, artísticas y científicas. Pensemos por ejemplo en Internet. En términos generales una persona no puede hacer prácticamente nada con los contenidos que encuentre en ella, salvo que sea en el dominio doméstico de la más estricta intimidad (descargarlo en el ordenador para uso privado). Imaginemos a una estudiante, un aficionado a algún asunto o una profesora de universidad. Quizás tienen un blog y desean ilustrar un artículo con una imagen encontrada en Internet. O han hecho un corte de su escena favorita de Bienvenido Mister Marshall y quieren colgarla en YouTube. O la profesora desea distribuir en el campus virtual entre sus alumnos un capítulo de un libro escaneado. Nada de eso es posible porque lo prohíben los derechos de autor. Es necesario solicitar permiso expreso a los autores o editores de esas obras para llevar a cabo cada una de esas prácticas. Escribir a la agencia fotográfica, la editorial o la productora y negociar las condiciones económicas (es decir, cuánto hay que pagar) para poder usar los contenidos. Los excesos a los que lleva un régimen legal de propiedad intelectual como el actual han sido puestos de manifiesto en muchos lugares y no lo voy a repetir (Free Culture, The Public Domain, Cultura Libre, Laboratorio de procomún). Unos excesos que en el ámbito académico llegan al paroxismo y que han sido descritos ampliamente también.

Si la imagen, el video o el texto que la alumna, el aficionado o la profesora quieren utilizar tiene una Licencia Creative Commons de tipo, por ejemplo, Autoría – No Comercial – Compartir Igual, significa entonces que pueden copiarla, redistribuirla y modificarla sin necesidad de pedir permiso a su autor. Las restricciones que han de respetar son: atribuir apropiadamente la autoría, compartir en los mismos términos la obra derivada y no hacer un uso comercial de la misma. Las licencias hacen por lo tanto dos cosas. En primer lugar desactivan las limitaciones que las leyes de propiedad intelectual imponen automáticamente; y en segundo lugar nos ahorran el oneroso trámite y el precioso tiempo de la mediación creador/usuario. Esta conlleva localizar al autor de una obra, solicitar su consentimiento, negociar las condiciones de uso y remunerarle (si así lo exige), un ejemplo de esa dificultad es la imagen que ilustra el artículo, cuyo autor no he podido localizar. Eso si lo podemos hacer nosotros, porque en muchas ocasiones y contextos hemos de solicitarlo a las instituciones a las cuales estamos vinculados (universidades, colegios, institutos de investigación…). Un trámite que en muchas ocasiones se convierte en un umbral imposible de superar, cuyo resultado es el uso ilegal de los contenidos o la renuncia a utilizarlos.

Una manera de solventarlo es usar licencias libres, pero si bien muchos académicos y académicas están dispuestos a que sus obras circulen ampliamente no aceptan que se hagan usos comerciales de ellas. Ahí van entonces cinco argumentos para clamar ¡comercien con mis artículos académicos! (y otras obras también), una declama que en términos legales se traduce en usar una licencia que permita usos comerciales mientas obliga a realizar la atribución al autor y a compartir igual.

Hacer posible el uso de la obras. El objetivo de cualquier académico e investigador es lograr que su conocimiento y obras, una vez elaboradas, circulen tan ampliamente como sea posible. No a toda costa, ciertamente, porque el contexto formal de circulación es excepcionalmente relevante (por eso se eligen unas revistas frente a otras), pero con todos los matices que pongamos pocos cuestionarán ese imperativo. Y eso pese a que el sistema de publicaciones académico actual opera en el sentido inverso: restringiendo la circulación del conocimiento. Las políticas institucionales y las prácticas individuales de Acceso Abierto han hecho visible la pugna por cambiarlo y la elección de licencias libres por parte de académicos es una manera de promover esa apertura. Quienes optan por una licencia libre saben de lo oneroso y difícil que es el proceso de obtención de autorización, la decisión de usar una licencia de ese tipo es una opción por simplificar los trámites por anticipado. Sin embargo, hay quien opta por abrir sus contenidos pero no duda en establecer restricciones a los usos comerciales de sus obras: “que pidan permiso si quieren hacer uso comercial”. Pero el establecimiento de esas restricciones fija un umbral insalvable a menudo, eliminarlas es hacer posible el uso de las obras, también en contextos comerciales, como desarrollo en el siguiente punto.

Uso comercial para que no haya comercialización. Uno de los profundos efectos que tiene la cultura libre (gracias a la infraestructura legal de las licencias) es transformar la economía política de la circulación del conocimiento. Puede parecer paradójico pero permitir el uso comercial de los contenidos lleva a que estos no se comercialicen, que no se cobre por ellos. Lo hemos visto con las revistas, una vez que se abren dejan de cobrar por el acceso a los contenidos y exploran otras vías de ingresos. Y lo hemos visto de manera paradigmática con el software libre; una vez que tiene una licencia libre es casi imposible cobrar por esas obras. ¿Qué efectos tiene entonces permitir el uso comercial de las obras? Probablemente no que alguien vaya a cobrar por ellas, pues con una licencia libre puede ser copiada y distribuida libremente. Permitir el uso comercial habilita, sin embargo, para que esas obras circulen en múltiples contextos sociales donde existen relaciones económicas: sea una plataforma como Facebook, YouTube, Scribd, una clase de bachillerato, un curso de aficionados, un campus virtual… contextos donde hay intercambios económicos en los cuales la obra forma parte pero no es el objeto principal. Si una obra no permite el uso comercial no puede circular en esos contextos, no puede ser distribuida en un campus virtual, no puede ser copiada como parte del manual de un curso, no puede ser distribuida en muchos entornos de Internet. Resulta extremadamente difícil hacer circular legalmente obras en esos contextos si no se permiten usos comerciales.

Las obras generadoras de riqueza. La mayor parte de los investigadores de humanidades y ciencias sociales pertenecen al sector público. El Estado es el responsable de su remuneración (por precaria que esta sea, cada día peor). Muy excepcionalmente un investigador en ciencias sociales y humanidades se gana la vida con aquello que publica. El sistema de la publicación académica, en manos de grandes editoriales privadas que controlan la economía del prestigio científico, hace imposible obtener remuneraciones significativas por las creaciones científicas. La mayor parte de nosotros aceptamos que esas grandes compañías hagan el mayor abuso comercial de nuestras obras, sin remunerarnos por nuestras creaciones (artículos, monografías, manuales, etc.) nos cobran por el acceso a ellas a precios desorbitados. Aceptamos eso pero sin embargo, no estamos dispuestos a que… nos sabemos quién obtenga un beneficio económico, por muy indirecto que este sea: la maestra en su asignatura, el profesor en su curso, la investigadora en la universidad. ¿Por qué habría de ser un problema que la circulación de nuestro conocimiento genere beneficios económicos entre colegas y, más aún, entre aquellos que probablemente sostienen económicamente con sus impuestos nuestros puestos de trabajo? Quizás sea una gran empresa editorial o audiovisual la que quiere beneficiarse: bienvenida sea su labor editorial si eso hace que circule nuestro conocimiento, pero quizás sea una asociación ciudadana, un aficionado o, lo que es muy habitual, otro de nuestros pares.

Intervenir en las condiciones actuales de la academia. La propiedad intelectual es un dominio excepcional para Intervenir en las condiciones actuales de la academia. El Acceso Abierto ya ha hecho visible la capacidad para voltear el régimen de circulación de conocimiento, pero cada día se hace más necesario ampliar el alcance de ese gesto, expandirlo, y los regímenes de circulación del conocimiento académico son una oportunidad excepcional de intervenir en una academia cada vez más amenazada, muy especialmente en el caso de unas ciencias sociales y humanidades relegadas progresivamente. Porque actuar sobre los regímenes de propiedad del conocimiento permite intervenir en las relaciones academia sociedad, experto/no-experto, profesor/alumno, en la organización institucional y económica de las universidades. ¿Qué ocurriría si algunas universidades a distancia abrieran el contenido de los manuales digitales de sus cursos?, que la matrícula de sus alumnos ya no pagaría esos contenidos sino la formación, y sería por esta (y no por los contenidos) por la cual se mediría la valía de tal institución.

La máxima circulación del conocimiento. El software libre ha sido sin duda alguna una de las creaciones técnicas, sociales y legales más excepcionales que ha alumbrado en Internet. Si algo hemos aprendido de las extensas discusiones que se mantienen en sus comunidades sobre las licencias es que estas importan, y mucho; una licencia legal es un mecanismo de precisión que habilita posibilidad o las cercena completamente. La opción que el software libre establece como ineludible por permitir usos comerciales de sus creaciones va de la mano de una apuesta radical por establecer las condiciones para una máxima circulación del conocimiento, sin imponer restricciones por cuestiones comerciales ni ideológicas. El software libre lo ha mostrado pero parece que no hemos aprendido la lección. Permitir que se haga uso comercial de nuestras obras académicas cuando estas portan una licencia libre que obliga a compartir en los mismos términos es una ventana a posibilidades por descubrir: no sabemos qué puede ocurrir y lo sorprendente es que (o quizás no) la academia, que debería ser la punta de lanza de la exploración de otros mundos posibles, se mantenga arraigada en convencionalismos sin aventurarse a explorar esas nuevas posibilidades que nos están esperando. Esa es la apuesta radical que lanzaron las declaraciones institucionales sobre Acceso Abierto hace una década y tal es incluso la propuesta de instituciones como los Research Council del Reino Unido. Espero que sea cuestión de tiempo en que abracemos esa posibilidad.

Un comentario antes de finalizar. El título del artículo recuerda el de un artículo publicado hace más de una década donde Nacho Escolar, músico y periodista en aquel momento, clamaba: por favor, ¡pirateen mis canciones! En el momento en el que la guerra del copyright demonizaba el intercambio de archivos, Escolar hacía una encendida apología del intercambio porque estaba convencido de que era una manera de favorecer la creatividad cultural. Estoy convencido de que permitir comercializar las obras académicas es, sin duda, otra manera de favorecer la creación de conocimiento.

Agradecimientos. Gracias a Rebeca Ibáñez Martín por su lectura atenta y sus contraargumentos en un asunto sobre el cual disentimos completamente; gracias también a Tomás Sánchez Criado.

Esta semana ha salido por fin ‘An anthropological trompe l’oeil for a common world‘.

El libro lo comencé a escribir hace casi diez años. Acababa por entonces de llegar a la Universidad de Manchester. Quedé prendido de los discursos en torno a la transformación de la universidad en un ‘bien público’ que se desplegaban para justificar la fusión de la Universidad de Manchester y UMIST (University of Manchester Institute of Science and Technology). No había gestor universitario a quien no se le llenara la boca diciendo que el ‘conocimiento’ era un bien público. Por entonces se puso de moda también la llamada nueva escuela de los ‘bienes públicos globales’ en economía. Por tanto, se nos decía, resultaba casi un imperativo ético re-organizar el sistema universitario para incorporarlo en tal economía del conocimiento. Me fascinó aquella re-distribución de la economía política en un objeto ético – con raíces, en todo caso, que se hunden cuando menos hasta el siglo XVII.

Así que pasé los siguientes diez años estudiando las relaciones entre ética y economía política: lo que en un momento empecé a llamar una ‘antropología de la ética política’. Hoy, diez años después, nos hemos acostumbrado a ocupar el ‘conocimiento’ como un objeto ético-económico. En buena medida, ése es el imaginario que desplegamos cuando hablamos de ‘innovación social’ o ‘innovación abierta’, o incluso de los nuevos bienes comunes. Y en este tiempo, también, la cultura libre asociada a Internet nos ha familiarizado con buena parte de estos conceptos.

Para un antropólogo, sin embargo, abordar el estudio de estos nuevos modelos de relacionalidad y re/producción social no es tan fácil. Nosotros intentamos poner los problemas bajo una luz comparativa: una antropología del conocimiento no puede empezar y acabar con el estudio de las nuevas formas de compartir información y relacionalidad que se dan en Internet, o darse por satisfecha con las hinchadas categorías (bienes públicos globales, externalidades) que manejan los economistas. Ni siquiera, me atrevería a decir, podemos contentarnos con las apuestas críticas de una teoría política posthegemónica, afectiva o comunal. Abrir un espacio de pensamiento para las formas de vida de, digamos, los Yukaguir siberianos o los Runa de Ecuador, obliga a confrontar modelos y fórmulas epistémicas radicalmente distintas.

Así que a medida que avanzaba en mi investigación me di cuenta que el problema último que enfrentaba era uno descriptivo: no tanto ‘comparar’ distintas epistemologías (indígenas y euro-céntricas), ni siquiera escenificar posibles diferencias entre sus ontologías. Mi descripción, la descripción que a mi tanto me costaba articular, en cierta manera sólo podía abrirse camino ‘perpendicularizando’ unas y otras – reconfigurando internamente cada momento descriptivo. ¿Qué forma asumiría una descripción antropológica capaz de despejar, de abrir un claro en el bosque a los términos de su propia articulación? Es a eso a lo que llamo una ‘antropología trampantojos’: una forma de descripción que constantemente perpendiculariza sus recursos y sus efectos.

Fue entonces cuando me percaté también de que mi encuentro con esa necesidad de perpendiculizar toda forma de descripción participaba, en buena medida, de una sensibilidad neo-barroca más amplia, que empezaba a extenderse por las ciencias sociales y la teoría crítica: preocupaciones por la materialidad de las cosas, por sus pliegues y desbordes; por los juegos de escalas, por lo infinitesimal, pero también por lo expandido, lo común y externalizado; también, por las relaciones truncadas, por los desplazamientos y momentos de desconexión, por las sombras y la infra-instabilidad del mundo.

Quizás, me planteé entonces, el trampantojos no sea simplemente una técnica con la que dar solución a un problema antropológico. Quizás el trampantojos sea un signo de nuestro habitar una economía política neo-barroca.

Video de la sesión de ThinkCommons del 29 de mayo de 2013, organizado por Domenico Di Siena.

La ciudad parece haberse convertido en el objeto paradigmático de la política. Imaginemos por momento que tal hipótesis es válida para ver hasta dónde nos lleva. El 15M nos ha puesto delante de nuestras narices (a veces de manera sutil) la ciudad. Recuerdo una de las primeras asambleas del 15M donde quien después se convertiría en un buen amigo decía: de lo que se trata es de que la vecina baje a la plaza a hablar de sus problemas. Eso es que la ciudad se convierta en el objeto político/de la política. Un poco más de desarrollo, tres aspectos para dar cuerpo a esa hipótesis provisional: primero la calle y la plaza, epítome de la ciudad política, se convierten en el lugar paradigmático para hacer política; la política se hace en la calle, insisten la miríada de iniciativas que han proliferado en Madrid (y otras ciudades de España) en los últimos años. La elección de la calle como lugar para las asambleas es paradigmático, tanto como la reformulación de lo que constituye el espacio público en lugares como El Campo de Cebada, Esta es una plaza o los crecientes huertos urbanos de Madrid. Segundo, la calle no es sólo el lugar del ejercicio político sino el método de esa política. Nuevamente, las asambleas nos lo han mostrado al reinventar o recuperar lo que significa sostener una asamblea en la calle, un ejercicio agotador de una política que deambula de un lado al otro al aire (un argumento que hemos lanzado); ese ejercicio de reinvención rezuma también en el arsenal de nuevos repertorios políticos como las mareas o la misma bici crítica; o está presente en el despliegue de toda una serie de infraestructuras destinadas a hacer de la calle un lugar distinto. Tercero, la ciudad se convierte en el objeto de reclamación política: estar en la calle es un derecho, tanto como amueblarla para una vida diferente o plantarla (de huertos urbanos) para hacer una ciudad distinta.

Comenzamos (Alberto y yo) hace tres años un trabajo en torno a la cultura digital, de manera específica en torno a esa genial figura que son los prototipos de Medialab-Prado. El horizonte de nuestras preguntas parecía estar bien acotado, limitado al pequeño espacio que albergaba en aquel momento a Medialab-Prado; pero como suele ocurrir con las etnografías de los antropólogos (y antropólogas) la sorpresa está a la vuelta de la esquina, en nuestro caso estaba en el barrio de al lado. Muy pronto nuestros pasos nos llevaron desde Medialab-Prado a Lavapiés, de allí a La Tabacalera, llegó el 15M y nos encontramos maravillados primero por la #acampadasol y después deambulando con las asambleas, y después nos cruzamos con Intermediae, Basurama, El Campo de Cebada, Zuloark, Domenico, Esta es una plaza… nos encontramos haciendo unos seminarios para hackear la academia y otros con los que sacamos la crítica (urbana) a paseo. Con todos ellos hemos descubierto una manera distinta de practicar e imaginar la ciudad y hemos comenzado a ensayar otras maneras de pensar, trabajar y producir conocimiento.

De toda esa ciudad en efervescencia destaco sólo un aspecto particular para discutir en el seminario Think Commons que Domenio Di Siena organiza (programado para el miércoles 29 de mayo a las 19.30 GMT). Me refiero a la convergencia de la cultura libre con la ciudad. Prototipos, hackeo y procomún son tres de las figuras de lo digital, de manera específica de ese objeto extraño que es la cultura libre, que sirven de inspiración para pensar y practicar esa ciudad distinta a lo largo y ancho de todo Madrid. El procomún en particular parece haberse convertido en la figura paradigmática para pensar mucho de lo que ocurre actualmente; y el Laboratorio del Procomún de Medialab-Prado se ha convertido en un lugar referente de esa reflexión. Semanas atrás tomábamos parte en la publicación de un monográfico dedicado a los Laboratorios de procomún en la revista Teknokultura (con Jara Rocha y Antonio Lafuente) donde avanzábamos un argumento muy tentativo sobre la configuración del procomún en España; lo reproduzco:

…el procomún es construido como un objeto epistémico, un dominio experimental que se distancia de las formulaciones convencionales que lo piensan como un tipo de bien o un régimen de propiedad. Esta configuración dota al procomún y a su investigación de una condición distintiva frente a otras geografías que se evidencia en un doble desplazamiento: la emergencia de nuevos objetos que se piensan como procomún y que nada tienen que ver con los convencionales bienes naturales o incluso digitales y la ubicación de su investigación en el dominio de la producción cultural y creativa.

Retomo ese argumento según el cual eso que en España llamamos procomún es una singularísima configuración de los commons en nuestra geografía, pero lo voy a estrujar un poco: no es que el procomún sea un commons singular sino que el procomún no es un commons. Ya sé, esto va contra la ortodoxia, pero sólo con  propósito tentativo mantengamos un momento abierta la posibilidad de esa hipótesis para ver hasta dónde nos puede llevar; porque si el procomún no es un commons que se entiende como un régimen de propiedad, un bien particular o un modo de gobernanza, entonces, ¿qué es eso que llamamos el procomún? Aquí van dos posibilidades para armar la discusión:

El procomún es la figura que permite politizar la ciudad. Si hace diez años la globalización era el objeto del activismo, ahora es la ciudad. Así que el procomún es para el activismo actual lo que la globalización era para este hace diez años. Si el movimiento alter-mundialización señalaba entonces al planeta como su terreno de juego y a las transformaciones globales como el objeto de su interés, el procomún señala ahora a la ciudad (cada una de las ciudades) como el objeto del ejercicio político y las transformaciones que esta experimenta como su objeto de interés. ¿Podemos entones pensar en el procomún como la construcción política de otra sensibilidad urbana?

El procomún es una zona de intercambio donde los commons tradicionales se encuentran con la cultura libre. Dos tradiciones diferentes que señalan contextos distintos: los montes comunales o los caladeros de pesca de gestión colectiva para el procomún; el software libre o la Wikipedia para la cultura libre. Invocado por proyectos urbanos el procomún se cruza con la cultura libre surgida en Internet en un ejercicio de traducción espacial. El procomún es la espacialización de la cultura libre (el argumento que planteábamos en un paper reciente: The interior design of (free) knowledge). Pero quiero llamar la atención sobre el esfuerzo agónico que constituye el intento por traducir las lógicas de la colaboración más allá de la red. Recuerdo el taller ‘Para las que disfrutamos trabajando’ celebrado hace dos años en Traficantes de Sueños donde el procomún sobrevolaba la discusión sobre la precarización del mundo de la producción cultural y era planteado como la formulación de una ética del trabajo y organización laboral. En un reciente post Domenico Di Siena señalaba sobre la dificultad de sostener su práctica; dos ejemplos que ilustran la enorme dificultad para mantener la colaboración en esos proyectos urbanos que invocan el procomún. ¿Nos muestra entonces el procomún urbano los límites de la colaboración? Muy a menudo esos encuentros que invocan el procomún lo hacen de manera dramática: el procomún como un bien amenazado, una comunidad de afectados en peligro… así que, ¿podemos pensar el procomún como un género dramático?, un ejercicio de dramatización destinado a la producción de esa otra sensibilidad urbana.

Imagen de Carla Boserman. Licencia Creative Commons By-Nc-Sa.

The main statement in the document is that the Internet and digital technologies has open up new ways for promoting the creativity of citizens, bringing about models for cultural production that are radically different from those of the cultural industries. Against the last, the document pose they arguments pointing our very clearly a key issue, that “culture should not be simply seen as synonymous with generating profit”. However, recognizing the great work of the document I should say that it is problematic when sometimes it uses the same language that cultural industries are using when defending their economical arguments and putting up barriers against the free circulation of culture.

Although it is important to show that it is possible to elaborate business models based on free culture, free culture will probably lose its fight in the economic domain because it cannot defeat those who are the best in making money from culture (at least with the present day rules). So the main argument in favor of free culture should be posed in terms of social benefits. And the main benefit is evident terms of the kind of society that could be built based on free culture.

Free culture is therefore not simply a difference in the model of cultural production (between ‘cultural industries’ and ‘free culture projects). The difference is not in the model, but in the culture. Culture is something different in each case. It means that civil society, industry, artist and creators are attributed different social responsibilities, duties and attributions in each case. Defending and promoting free culture, in my opinion, is not only opening a space for a different model for ‘cultural production’ and collaboration. It means opening space for a different culture, for a different type of civil society, for a different type of citizens.

We are not only discussing about a specific domain of our society (culture), but about a different kind of society. We are discussing the kind of science, mass media, politics and education we want to have in our societies. In this case we are legitimated to ask politicians and public administrators to promote the conditions for a culture that is not necessarily the most profitable in economic terms but that allow for the kind of society we want to have.

Alberto habla de lo público al revisar el trabajo de Cori Hayden, y leyéndole aparece esa diversidad de sentidos de lo público que de hecho ya he encontrado en mi trabajo de campo cuando alguien se refiera a lo público. En un caso lo público son los ungüentos que los chamanes venden en el mercadillo, en otro lo público son las informaciones de revistas especializadas, y finalmente lo público son también las hierbas en la cuneta de una carretera. Lo público en esos tres casos no tiene nada que ver entre sí, de hecho cabe preguntarse si pueden verdaderamente considerarse ‘público’. Los ungüentos son objetos privados que el chamán vende, los artículos especializados de los etnobotánicos probablemente estarán bajo el control de la revista donde se han publicado y el autor que los ha escrito, y las hierbas de la cuneta de la carretera… pues pertenecerán probablemente al Estado. Así que, ¿qué es lo público?

La cuestión me recuerda al intenso debate que a finales de la década de los noventa se establece en los estudios de Internet sobre la naturaleza pública o privada de las comunicaciones. Un debate que se extiende hasta la actualidad, que aún no ha sido resuelto y que cada día es más urgente ante la proliferación de investigadores, empresas e instituciones de todo tipo que no tienen ningún miramiento en convertir Internet en un inmenso campo de datos para la investigación, sin ninguna consideración con los involucrados.

El debate, que se enmarca dentro del ámbito de la ética de la investigación, es simple: qué es público y qué es privado en Internet, una dicotomía sobre la cual se articulan límites para las prácticas de investigación de los científicos sociales. Mientras que los espacios (plazas, calles…), informaciones y datos públicos (programas de tv, periódicos, discursos públicos), pueden ser utilizados libremente, cuando estos son privados (el hogar, cartas personales, correos electrónicos, etc.) los investigadores han de solicitar consentimiento a los involucrados para acceder a esa información y utilizarla.

Cuando ese planteamiento lo trasladamos a Internet el asunto se complica. Las metáforas espaciales que tienden a pensar Internet en términos de un espacio (público) conducen fácilmente a asumir que todo lo que es libremente accesible es ‘público’ y por lo tanto puede ser utilizado libremente por los investigadores. Ese planteamiento ha sido respondido por otros autores y está cada vez más agotado. Lo interesante de  algunas de estas respuestas, como la dada por Maria Bakardjieva y Andrew Feenber es que señalan el agotamiento de esa dicotomía público/privado para resolver (o plantear) el ámbito de responsabilidad de los investigadores y sugieren la necesidad de articular esas decisiones en función de otras categorías, como por ejemplo las de alienación y objetificación. Que de hecho pueden ayudarnos a pensar justamente en la problemática que Hayden parece señalar. Así que parece que es hora de buscar otras alternativas a lo público/privado.